Referentas y referentes de pueblos originarios de Jujuy y Córdoba se reunieron en un conversatorio en el espacio La Comuna, en el marco del proyecto de cooperación internacional “Mujeres que fortalecen mujeres”. Allí advirtieron que el Estado protege los intereses extractivistas, utiliza las necesidades básicas para legitimar la consulta y profundiza una deuda histórica con las comunidades preexistentes.
El viernes 29 de mayo, el espacio sociocultural La Comuna, ubicado en la ciudad de Córdoba, fue sede del conversatorio “Manos trabajadoras por el buen vivir, contra el extractivismo y vulneración de territorios comunitarios”. La actividad se realizó en el marco del proyecto de cooperación internacional “Mujeres que fortalecen mujeres”, que articula a mujeres campesinas, indígenas y piqueteras de las provincias de Jujuy y Córdoba.
Participaron del encuentro Dulce Pacci y Jorge Angulo, coordinadores del Consejo de Pueblos Originarios Llankaj Maki (Jujuy); Marina Molina, integrante de la comunidad indígena Comechingona-Sanavirón del Chavascate; y Blanca Márquez, de la Lof Werken Kurruf, ubicada en Las Palmas, Departamento Pocho, territorio Kamiar y Eduardo Maturano, director médico del Centro Oftalmológico Dr Ernesto Che Guevara.
Durante el conversatorio, las y los referentes expusieron la situación de sus territorios frente al avance del extractivismo en sus distintas variantes —minería del litio, del cobre, megaproyectos de infraestructura vial— y denunciaron que el desarrollo del sistema capitalista avanza sistemáticamente sobre los derechos de los sectores más vulnerables: los pobres, las mujeres y los pueblos preexistentes al Estado nación.
Uno de los ejes centrales del debate fue el rol del Estado. Según denunciaron las participantes, los intereses económicos de los grandes grupos empresariales extractivistas cuentan con protección estatal. “El Estado juega con las necesidades de las comunidades”, señalaron, al tiempo que explicaron que el gobierno ofrece garantías en derechos como salud, educación y vivienda para convencer a los pueblos y justificar lo que se enarbola como acción legitimante: la consulta. Además, advirtieron que el mismo Estado genera los marcos legales que permiten la entrada “legal” de emprendimientos vinculados al extractivismo.
Las referentas también visibilizaron las duras condiciones de vida que históricamente atraviesan la mayoría de las comunidades originarias, con un acceso muy bajo a condiciones dignas de existencia. Señalaron que el proceso de urbanización del cual muchas comunidades son parte implica habitar villas y barrios populares de distintas ciudades, a las cuales llegan para conseguir trabajo y así garantizar mejores condiciones para sus familias. En ese camino, dijeron, encuentran despojo, atropello y ninguneo, una condición común a todas las clases bajas del país.
En ese contexto de precariedad, advirtieron, aparecen las promesas de progreso de la mano de los proyectos extractivistas. “Pintan los proyectos como espejitos de colores”, afirmaron, y describieron la estrategia estatal: “Utilizan nuestras necesidades. El Estado, que debería garantizar los derechos para todos, negocia reconociendo los daños y gestionando plata para reparaciones y remediaciones con las comunidades que no hagan problemas”. De esta manera, concluyeron, se gestionan las concesiones y se habla de “libre consulta”.
Finalmente, el conversatorio cerró con un llamado a la unidad. Las y los participantes coincidieron en la necesidad de articular luchas entre las distintas comunidades y cosmovisiones para frenar un avance que, remarcaron, “cuesta tan caro a los de abajo”. En ese sentido, reconocieron y celebraron la lucha del pueblo boliviano frente a los gobiernos neoliberales, como un ejemplo de resistencia colectiva en la región.